IMPUTEMOS POR PREVARICACIÓN A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y POLICIALES QUE OFRECEN IMPUNIDAD A LA BRUTALIDAD POLICIAL VIOLANDO LAS LEYES

Como podemos ver cada día, la brutalidad policial se ha disparado en España en una espiral que combina apaleamientos de los policías a pie de calle y encubrimiento de sus jefes. En todas las cargas sufridas durante los últimos meses se da un denominador común: ninguno de los agentes participantes lleva su número de placa, lo cual le permite hacer lo que quiera sin miedo a ser identificado.  

 Esta práctica, como es obvio, no responde a la voluntad de unos cuantos agentes indisciplinados, sino que proviene de una directriz, una orden dada desde lo más alto de la cúpula policial, que se ejecuta sistemáticamente en nuestras ciudades. Las intenciones que mueven a esos mandos son evidentemente espurias: crear un manto de protección para que quienes practican el terror bajo sus órdenes no sufran la menor consecuencia personal. Pero, aparte de vergonzosas, dichas intenciones implican una violación radical de la ley.

Dispone el Artículo 18 Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales  relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico,  uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del  Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el  pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de  uniformidad

Y el artículo 19.2 de la misma norma dice:

 El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné  profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número  identificativo personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.  

 Así, no hay lugar a dudas de que la ley ordena clara y nítidamente que todo agente de policía lleve visible su número de placa. Cualquier persona, haya estudiado Derecho o no. entiende el contenido de esta orden. Por eso, los mandos políticos y policiales que ordenan estas prácticas, no pueden escudarse en la ignorancia del Derecho, primero porque tienen formación jurídica y, en segundo lugar, porque las obligaciones que la ley impone son evidentes para cualquiera.

Pues bien, el Artículo Artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación diciendo que: 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Así, aquella autoridad policial o política que, para favorecer la impunidad de sus subordinados y la estrategia de terror contra los ciudadanos críticos que promueve, ordene a los agentes de policía realizar sus funciones sin el número de placa visible, a sabiendas de que la ley lo prohíbe, estará cometiendo un delito de prevaricación, delito del que también es otro poderoso indicio el hecho de que ningún agente acepta dar su número de placa cuando se le pide, cumpliendo evidentemente órdenes de sus jefes.

¿Y si presentásemos querellas por prevaricación contra los jefes de policía y delegados del gobierno de todas las comunidades autónomas donde han sucedido estas salvajadas impunes, precisamente porque los agentes iban sin número de placa? ¿Y si extendiésemos esta querella al Ministro del Interior como máximo responsable de estas directrices ilegales? Si los querellantes fuesen ciudadanos apaleados en las manifestaciones, se librarían de pagar fianza por la interposición de la querella, pues al ser perjudicados directos de la ilegalidad (no pudieron identificar a sus agresores debido a que no lo llevaban) la ley les exime de este pago.

Invitamos a los diferentes colectivos de las distintas ciudades a pensar sobre esta acción y proponemos una acción coordinada de presentación de querellas. ¡Esperamos vuestras respuestas!

Acudiendo a los tribunales podemos acabar con su impunidad. ¡Pasemos a la acción!

*Fotografías de Carlos Trenor.