La demanda de los estudiantes de la UMU a la CARM por la deuda millonaria acumulada.

La demanda de estudiantes de la UMU a la CARM. Una diligencia reclama el expediente administrativo a la Consejería: conoceremos a cuánto asciende la deuda y sabremos si nos la admiten a trámite, esto es, si, según el TSJ, estamos legitimados para demandar. En caso contrario recurriremos.

 

Un grupo de estudiantes de la UMU demandó en julio a la Consejería de universidades para reclamarle la deuda de más de 65 millones (según las fuentes puede llegar hasta 80) que tiene con nuestra universidad. El procedimiento se ha demorado porque la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ consideró, meses después de que se le remitiera la demanda, que no era competente para conocerla según las normas internas de reparto, y la remitió a la sección primera, que finalmente se ha declarado competente.

Pese a todas estas demoras, el 15 de noviembre recibimos una diligencia de la Sala donde se reclama el expediente administrativo a la Consejería. En ese expediente deben estar todos los convenios y otras normas jurídicas que dan derecho a la UMU a reclamar lo adeudado. Gracias a este expediente, y si la Consejería no oculta ningún documento, podremos conocer a cuánto asciende realmente la deuda, siendo muy triste que hayamos tenido que esperar a este momento para ello, pues llevamos meses pidiendo al rectorado la documentación que referimos, y siempre se ha negado a proporcionárnosla, encubriendo al Gobierno que está asfixiando a la universidad con sus incumplimientos

La obtención del expediente es un primer paso, pero todavía nos quedan muchos, pues la Sala debe pronunciarse sobre nuestra legitimación para reclamar judicialmente la deuda antes de admitir la demanda. Por nuestra parte, estamos convencidos de la citada legitimación, pues somos estudiantes que, habiendo pagado una matrícula, sufren en sus carnes el deterioro de los servicios universitarios, un deterioro que es consecuencia directa del impago de la deuda. Por ello, reclamamos al Tribunal Superior de Justicia que actúe conforme a Derecho y, cumpliendo escrupulosamente nuestro ordenamiento y la inequívoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional (que ya se ha pronunciado sobre casos muy similares) nos permita pedir y obtener Justicia en relación con una institución como la universitaria que es vital para el futuro de los murcianos.