DENUNCIAN QUE EL RECTOR DE LA UMU ES CONSEJERO DE UN BANCO E INICIAN PROCEDIMIENTO LEGAL PARA SU CESE

En Murcia es muy conocida la constante actitud complaciente del rector de la UMU, Jose Antonio Cobacho, con el Gobierno regional. Por grandes que sean los recortes, impagos de deuda ya existente y judicialmente exigible, dádivas a la Universidad Católica privada…Cobacho siempre aplaude y justifica al presidente Valcarcel. Ejemplo especialmente escandaloso es el caso de la deuda: el Gobierno regional nos debe más de 65 millones de euros que resultan esenciales para mantener la universidad, y entre los cuales se encuentran 5.3 millones provenientes del Gobierno central (correspondientes a la subvención Campus Mare Nostrum) que Valcarcel debía darnos por imperativo legal en cuanto los recibiese, pero que, habiéndolos obtenido hace ya tres años, aun hoy siguen desaparecidos, sin que nadie sepa qué hizo con ellos. Pues bien, el rector se niega a presentar una demanda judicial para exigir el pago de este dinero.

Pero sucede que Cobacho, siempre fiel y complaciente con Valcárcel, no sólo es rector. Desde 2008, es miembro del consejo directivo de CAJAMURCIA, caja de ahorros conocida en la universidad murciana por sus múltiples convenios con ella y por tener adscritas desde siempre las cuentas corrientes asociadas a los carnets de estudiantes (dichos carnets también sirven como tarjeta de crédito para sus titulares, y la cuenta a la que remitían correspondía a CAJAMURCIA). Desde 2009, el rector es también miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (cargo político designado por la Asamblea Regional). Y en 2010, fue nombrado rector nuevamente.

Desde un punto de vista ético, resulta repugnante que un rector ocupe cargos en cúpulas bancarias, o que reciba apetitosos nombramientos de un gobierno frente al cual debe defendernos. La universidad es un excelente negocio para la banca (cuyos intereses pueden chocar, y de hecho chocan, con los de la comunidad universitaria), y si el rector es banquero…mal vamos. Igual de mal que si tiene que agradecer todos los días a Valcárcel el carguico de consejero jurídico de la región (y puede que incluso el de CAJAMURCIA). Pero es que, además, la posesión simultánea de estos cargos es a todas luces ilegal.

Cobacho no puede ser rector porque la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política le define como alto cargo y le impone una serie de incompatibilidades. Dicha Ley califica en su art. 2.1 e) como altos cargos a los presidentes, directores y asimilados de los organismos públicos regionales. Pues bien, la UMU es un organismo público regional, al haber sido creada por la CARM en virtud de las competencias que le da el art. 16 del Estatuto de Autonomía, y el Rector es la máxima autoridad de la UMU (art. 42 de sus Estatutos), con lo cual encaja perfectamente en la figura de "presidente o asimilado" de la UMU, siendo en consecuencia un alto cargo.

El art. 10.1 Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política dice que no podrá ser alto cargo quien sea directivo o asesor de sociedades mercantiles, tengan o no contratas, convenios y otras relaciones económicas con la Administración. En el caso de Cobacho no sólo es directivo de una mercantil, sino de una mercantil que posee grandes intereses en la UMU, la institución que, de forma independiente, debería representar y proteger.

El mismo precepto prohíbe que los altos cargos puedan realizar informes o dictámenes por precio. Cobacho, como miembro del consejo jurídico regional, obtiene entre 1000 y 2000 euros mensuales por sus dictámenes, dándose así la segunda causa de incompatibilidad como rector.

Siendo manifiesto que Jose Antonio Cobacho no puede ser rector, sucede que tampoco puede ser miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. El art. 7.3 Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia dispone que El cargo de Consejero es incompatible con todo mandato representativo, con el desempeño de altos cargos en cualquier Administración, con el desempeño de cualquier puesto funcionarial o laboral al servicio de las Administraciones Públicas o entidades de ellas dependientes, excepto la función pública docente, con el desempeño de la Carrera Judicial y Fiscal y con el ejercicio de funciones directivas o el empleo remunerado en partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales.

Asimismo, es incompatible con el desempeño de cargos de todo orden, o la participación superior al 5 % en empresas concesionarias o contratistas de obras o servicios públicos, cualquiera que sea su ámbito territorial.

Y Cobacho es, aparte de alto cargo (como ya expusimos anteriormente), consejero de un banco que tiene negocios directos en la UMU, luego viola doblemente la ley que regula el consejo jurídico regional.

Resulta muy triste que, desde 2008, nadie haya denunciado estos hechos ni iniciado acciones legales para corregirlos. Nosotros lo haremos ahora presentando una reclamación administrativa ante el presidente Valcárcel y, si en el plazo legalmente fijado de 3 meses no decreta el cese de Cobacho, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia.

La Región de Murcia se ha hundido hasta su actual abismo porque nos gobiernan quienes menos lo merecen, porque los juegos de poder, la compra de voluntades, el miedo y la supeditación a una misma voluntad de instituciones que debían servir como contrapesos del poder, han transformado nuestra tierra en un penoso y decadente teatro donde la obra representada es tan mala que ya nadie se la cree. Entre otras cosas porque los actores principales no pueden interpretar bien con el peso de sus prebendas empujándoles los bolsillos hacia el suelo. De los ciudadanos depende finalizar la farsa.


Adjuntamos aquí varios documentos públicos:

Consejo de administración de Caja Murcia 
Consejo jurídico 

IMPUTEMOS POR PREVARICACIÓN A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y POLICIALES QUE OFRECEN IMPUNIDAD A LA BRUTALIDAD POLICIAL VIOLANDO LAS LEYES

Como podemos ver cada día, la brutalidad policial se ha disparado en España en una espiral que combina apaleamientos de los policías a pie de calle y encubrimiento de sus jefes. En todas las cargas sufridas durante los últimos meses se da un denominador común: ninguno de los agentes participantes lleva su número de placa, lo cual le permite hacer lo que quiera sin miedo a ser identificado.  

 Esta práctica, como es obvio, no responde a la voluntad de unos cuantos agentes indisciplinados, sino que proviene de una directriz, una orden dada desde lo más alto de la cúpula policial, que se ejecuta sistemáticamente en nuestras ciudades. Las intenciones que mueven a esos mandos son evidentemente espurias: crear un manto de protección para que quienes practican el terror bajo sus órdenes no sufran la menor consecuencia personal. Pero, aparte de vergonzosas, dichas intenciones implican una violación radical de la ley.

Dispone el Artículo 18 Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre normas generales  relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico,  uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía:

Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del  Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el  pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de  uniformidad

Y el artículo 19.2 de la misma norma dice:

 El personal que vista uniforme reglamentario llevará el carné  profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número  identificativo personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.  

 Así, no hay lugar a dudas de que la ley ordena clara y nítidamente que todo agente de policía lleve visible su número de placa. Cualquier persona, haya estudiado Derecho o no. entiende el contenido de esta orden. Por eso, los mandos políticos y policiales que ordenan estas prácticas, no pueden escudarse en la ignorancia del Derecho, primero porque tienen formación jurídica y, en segundo lugar, porque las obligaciones que la ley impone son evidentes para cualquiera.

Pues bien, el Artículo Artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación diciendo que: 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Así, aquella autoridad policial o política que, para favorecer la impunidad de sus subordinados y la estrategia de terror contra los ciudadanos críticos que promueve, ordene a los agentes de policía realizar sus funciones sin el número de placa visible, a sabiendas de que la ley lo prohíbe, estará cometiendo un delito de prevaricación, delito del que también es otro poderoso indicio el hecho de que ningún agente acepta dar su número de placa cuando se le pide, cumpliendo evidentemente órdenes de sus jefes.

¿Y si presentásemos querellas por prevaricación contra los jefes de policía y delegados del gobierno de todas las comunidades autónomas donde han sucedido estas salvajadas impunes, precisamente porque los agentes iban sin número de placa? ¿Y si extendiésemos esta querella al Ministro del Interior como máximo responsable de estas directrices ilegales? Si los querellantes fuesen ciudadanos apaleados en las manifestaciones, se librarían de pagar fianza por la interposición de la querella, pues al ser perjudicados directos de la ilegalidad (no pudieron identificar a sus agresores debido a que no lo llevaban) la ley les exime de este pago.

Invitamos a los diferentes colectivos de las distintas ciudades a pensar sobre esta acción y proponemos una acción coordinada de presentación de querellas. ¡Esperamos vuestras respuestas!

Acudiendo a los tribunales podemos acabar con su impunidad. ¡Pasemos a la acción!

*Fotografías de Carlos Trenor.

La demanda de los estudiantes de la UMU a la CARM por la deuda millonaria acumulada.

La demanda de estudiantes de la UMU a la CARM. Una diligencia reclama el expediente administrativo a la Consejería: conoceremos a cuánto asciende la deuda y sabremos si nos la admiten a trámite, esto es, si, según el TSJ, estamos legitimados para demandar. En caso contrario recurriremos.

 

Un grupo de estudiantes de la UMU demandó en julio a la Consejería de universidades para reclamarle la deuda de más de 65 millones (según las fuentes puede llegar hasta 80) que tiene con nuestra universidad. El procedimiento se ha demorado porque la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ consideró, meses después de que se le remitiera la demanda, que no era competente para conocerla según las normas internas de reparto, y la remitió a la sección primera, que finalmente se ha declarado competente.

Pese a todas estas demoras, el 15 de noviembre recibimos una diligencia de la Sala donde se reclama el expediente administrativo a la Consejería. En ese expediente deben estar todos los convenios y otras normas jurídicas que dan derecho a la UMU a reclamar lo adeudado. Gracias a este expediente, y si la Consejería no oculta ningún documento, podremos conocer a cuánto asciende realmente la deuda, siendo muy triste que hayamos tenido que esperar a este momento para ello, pues llevamos meses pidiendo al rectorado la documentación que referimos, y siempre se ha negado a proporcionárnosla, encubriendo al Gobierno que está asfixiando a la universidad con sus incumplimientos

La obtención del expediente es un primer paso, pero todavía nos quedan muchos, pues la Sala debe pronunciarse sobre nuestra legitimación para reclamar judicialmente la deuda antes de admitir la demanda. Por nuestra parte, estamos convencidos de la citada legitimación, pues somos estudiantes que, habiendo pagado una matrícula, sufren en sus carnes el deterioro de los servicios universitarios, un deterioro que es consecuencia directa del impago de la deuda. Por ello, reclamamos al Tribunal Superior de Justicia que actúe conforme a Derecho y, cumpliendo escrupulosamente nuestro ordenamiento y la inequívoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional (que ya se ha pronunciado sobre casos muy similares) nos permita pedir y obtener Justicia en relación con una institución como la universitaria que es vital para el futuro de los murcianos.

 

 

ATRAPA en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

Por fin nos ha llegado la notificación que nos confirma y certifica que ATRAPA ha sido inscrita como Asociación en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas definitivamente y desde el 9 de Octubre.

¡Seguimos avanzando en nuestra labor contra la corrupción y por la transparencia administrativa!

http://es.scribd.com/doc/112874411/atraparegistro

ATRAPA RECURRE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARTAGENA

Desde nuestro nacimiento como asociación, nos han llegado numerosas denuncias que a día de hoy seguimos investigando. Algunas han dado lugar a descubrimientos importantes que llevaremos a los tribunales en los próximos meses, pero de momento nos estrenamos en la andadura judicial con un caso que puede llegar muy lejos: la impugnación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Cartagena. A raiz de diversas denuncias de vecinos de la ciudad sobre recalificaciones y otras cosas raras, nos hemos decidido a llevarlo al Tribunal Superior de Justicia. El recurso ya está puesto y esperamos tener noticias pronto. Cualquier ayuda o información que podáis darnos para nuestro trabajo será bienvenida!

Murcia cultural paga una deuda tras ser embargadas sus cuentas

Murcia Cultural es una empresa dependiente de la Consejería de Cultura de Murcia, dedicada a organizar los eventos más conocidos y fastuosos de dicha consejería, como el famoso SOS. También ha saltado a la fama por haber dedicado varios miles de euros a comprar centenares de libros cuyo autor era el propio consejero, Pedro Alberto Cruz, y que no se estaban vendiendo para nada en las librerías. Del mismo modo que Murcia Cultural dedica millones y millones de euros a sus "proyectos" como si la crisis no existiera, la citada empresa no es tan rápida a la hora de pagar a sus proveedores. Un pequeño empresario ha tenido que aguantar años hasta cobrar una factura de no más de 3000 euros, fruto de los trabajos que realizó para la empresa...hasta que harto, decidió llevarla a los tribunales. Tras ser condenada, Murcia Cultural ingoró la sentencia y siguió sin pagar...hasta que se embargaron sus cuentas, donde, aunque parezca increible, no tenía más de 1900 euros. También se embargaron sus derechos de cobro frente a la Consejería de Cruz, de modo que no podía manejar ni un céntimo hasta que no pagase. Y fue mano de santo. A los tres días del embargo, Murcia Cultural pagó los 3000 euros más 1100 adicionales en concepto de intereses y costas. Pedro Alberto no tiene dinero para pagar sus deudas, pero sí para comprarse sus propios libros y organizar festivales faraónicos...hasta que se le obliga a sacar el dinero de donde lo esconda y pagar lo que debe. Si el proveedor no hubiese acudido al juzgado, hoy seguiría sin ver un duro y su dinero se habría empleado en comprar unos cuantos ejemplares más del poemario del sobrino de Valcarcel.

Formulario para socios

Irregularidades en la adjudicación de una plaza de profesor en la UMU

La Universidad de Murcia ha convocado dos plazas de profesor asociado en Derecho Constitucional. Había 29 candidatos, y entre ellos estaba José Mateos, expulsado de la institución por el rector debido a las críticas que realizó a la política del propio Cobacho y del Consejo de Estudiantes, denunciando que, en vez de luchar por la institución, se sometiesen a los dictados del presidente de la Comunidad Autónoma. Mateos recibió el amparo del Defensor del Pueblo por las irregularidades de su expulsión y, hace dos meses, obtuvo una sentencia que la declaraba radicalmente ilegal. Pero es bien sabido que, lamentablemente, hay quienes se creen por encima de la ley.

Pues bien, salieron los resultados de la convocatoria y Mateos quedó en tercer puesto, a 1.01 puntos del segundo candidato y 1.80 del primero. El primer candidato tuvo 67.76 puntos, el segundo 66.97...y Jose Mateos 65.96. El resto de participantes quedaron muy por debajo (el cuarto candidato quedó a más de 16 puntos de Mateos).

Más allá de que las puntuaciones sean correctas o fuesen manipuladas para perjudicar al candidato molesto (lo cual se acreditará en vía judicial), hay un dato que termina de demostrar hasta qué punto apesta la decisión de la comisión selectiva. La comisión dice expresamente que, si los dos candidatos escogidos renuncian o son removidos, LA PLAZA DEBE QUEDAR DESIERTA, ES DECIR, QUE QUIEN HA QUEDADO A 1.01 PUNTOS DEL CANDIDATO ESCOGIDO, CON UNA PUNTUACIÓN MUY SUPERIOR A LA DEL RESTO, NO ESTÁ CAPACITADO PARA OCUPAR LA PLAZA. Según el tribunal, en un concurso donde la diferencia entre los candidatos escogidos y el tercero en liza no llega a los dos puntos, mientras que el cuarto candidato está a años luz de aquellos, el tercer candidato no puede ocupar la plaza.

Si se observa el contexto de esta decisión, termina de comprobarse su irracionalidad. Durante septiembre se han resuelto decenas de concursos sobre plazas de profesorado. Pues bien, en todos ellos menos en uno se ha adoptado la lógica fórmula de que si el candidato elegido renuncia o es removido, ocupe su plaza el siguiente en la lista, y eso que en la mayoría había una notable distancia entre la puntuación del candidato elegido y el siguiente en la lista.

Aparte de la expulsión, Mateos sufrió una grave discriminación durante su estancia como becario en la UMU, no pudiendo dar ni una sola hora de docencia por su enfrentamiento con Cobacho y estando a punto de perder su beca por las presiones que (según reconoció un profesor íntimo amigo del rector) venían del propio rectorado (se le llegó a quitar la beca pero tuvieron que devolvérsela tras sus amenazas de denuncia al rector usando las pruebas sobre su implicación en el caso que había recabado). Ahora volverá a recurrir judicialmente contra esta nueva arbitrariedad.

Para acreditar la veracidad de lo dicho les aportamos:

1) Resolución del Defensor del Pueblo amparando a Mateos con la explicación sobre la ilegalidad cometida en su contra http://tribunadeljurista.foroes.net/t1797-el-defensor-del-pueblo-murciano-condena-a-la-universidad-de-murcia-por-no-convocar-el-examen-cuya-ausencia-fue-esencial-para-mi-expulsion?highlight=defensor+pueblo

2) Sentencia que declara ilegal la expulsión: http://es.scribd.com/doc/109451384

3) Acta de la comisión evaluadora donde se decide declarar ilegal la expulsión: http://es.scribd.com/doc/109451070

Caso de las guarderías de Totana

 El Ayuntamiento de Totana era conocido en Murcia por haber sabido crear y mantener un servicio de escuelas infantiles que funcionaba. Los vecinos de la ciudad con niños aun demasiado pequeños para ir al colegio, podían dejar a sus hijos en unos centros de titularidad municipal que daban un buen servicio a precios económicos. Pero sucedió que la corrupción llegó a Totana, con un alcalde que ha terminado en la cárcel pese a su breve fuga y otros políticos imputados por hacer desaparecer muchos millones de euros ya identificados (y seguramente otros muchos millones sin identificar), de modo que las arcas municipales quedaron vacías.

Entonces el Ayuntamiento proclamó que, por culpa de la crisis, no podía seguir manteniendo el servicio de escuelas infantiles, y que por ello debía externalizarse, concediéndose su gestión a una empresa privada. Esto trajo a Totana al nefasto Grupo de Servicios Educativos Educa5 y a su cabecilla, Diego García Lamarca. Este sujeto llegó a Totana prometiendo mantener la calidad del servicio y cumplir escrupulosamente la ley, pero desde el momento en que se hizo cargo del servicio comenzó a degradar su calidad hasta extremos inimaginables, violando los derechos de los trabajadores y poniendo en riesgo la salud de los niños.

Diego García Lamarca

Y es que Diego García Lamarca traía la comida para los niños desde Almería, en coches particulares sin refrigeración. Y la comida, fuera por esta curiosa metodología o porque ya estaba corrompida, llegaba en mal estado casi todos los días. Pescado con una capa de moho por encima, sopa solidificada que echaba un olor repulsivo, lomos de pollo en mal estado...era el menú que daba a los menores. Y claro, las profesores de los centros se quejaron. Su respuesta fue decirles que, si les parecía que los platos no podían comerse, compraran potitos de un euro como único alimento de los pequeños para ese día.

La citada situación se extendió desde enero a mediados de marzo, y sólo acabó cuando la información empezó a filtrarse a los padres, dado que el personal de los centros ya no podía callar por más tiempo. Cuando estalló el tema, García Lamarca se vio obligado a contratar un catering decente...aunque a día de hoy todavía no le ha pagado ni un sólo mes de servicio. El resultado de estos tres meses de llegada sistemática de comida en mal estado fue doble: por un lado, numerosos niños llegaban a casa con problemas intestinales, teniendo que ir a urgencias varios de ellos y, por otro, un primer grupo de maestras fue despedido debido a sus continuas quejas por lo que estaba aconteciendo. Pese a que Educa5 no guardaba muestras de la comida aunque la ley lo exige, los padres se enteraron y han presentado una querella por estafa y delito contra la salud pública.

Pero las ilegalidades no acaban aquí. Educa5 tenía a sus trabajadores con un contrato de obra y servicio celebrado en fraude de ley, ya que el convenio colectivo les daba derecho a un contrato indefinido. Por otro lado, Educa5 adeudaba a las trabajadoras despedidas los salarios de febrero y marzo. En cierto modo, tuvieron suerte al irse de la empresa, porque a los trabajadores que aun permanecen, les adeuda muchos meses más. Las trabajadoras le demandaron judicialmente, intervino la inspección de trabajo que le obligó a modificar los contratos fraudulentos...y García Lamarca tuvo que reconocer, en el primero de los juicios, que el despido de la trabajadora demandante fue ilegal, comprometiéndose a pagarle en 7 días. No lo hizo y la trabajadora ha tenido que instar el embargo de sus bienes (a ver si le encuentra alguno).

Impresiona que alguien pueda cometer tantas tropelías en tan corto periodo de tiempo, y encima poniendo en riesgo la salud de unos niños tan pequeños que ni siquiera pueden ir a la escuela...pero si conoces los antecedentes de García Lamarca, no te extraña tanto. Hasta ahora, ha tenido (que sepamos) tres empresas aparte de su Educa5: Iglesias Emprende, Lamarca Formación e Indalclips Málaga (todas sociedades limitadas). Con ellas ha dejado a deber enormes cantidades de dinero a la seguridad social, los trabajadores que contrató...siguiendo una estrategia común. Ofrece un servicio, contrata gente para darlo, lo mantiene todo el tiempo que le resulta posible para obtener ingresos, pero no paga a los trabajadores ni a los proveedores, y cuando ve que ha llegado el momento oportuno, da quiebra sin que nadie vea un duro. Especialmente grave es el caso de Iglesias Emprende, empresa con la que ofreció (según el testimonio de Nuria Aquino, ex trabajadora suya y concejal del Partido Andalucista) unos cursos homologados...que no tenían homologación alguna. 

Es llamativo que las notificaciones judiciales y administrativas que García Lamarca recibe siempre le llegan por edictos (es decir, notificaciones publicadas en los boletines oficiales que se practican allí porque no se ha podido localizar domicilio alguno). La razón es que siempre se encuentra en paradero desconocido. Estos son los antecedentes del Grupo de Servicios Educativos Educa5, que Diego García Lamarca presenta como un gran emporio de guarderías pero que, según nuestras investigaciones, sólo gestiona las de Totana. 

Y ante esta sucesión de escándalos ¿qué hace el Ayuntamiento de Totana? Proteger a García Lamarca e intentar que siga gestionando las escuelas infantiles a toda costa. La razón: lo hace muy barato. Por eso los padres han demandado al Ayuntamiento ante el juzgado de lo contencioso administrativo, pues la permanencia de García Lamarca en el servicio es ilegal. Primero porque no cumple los requisitos para contratar con la Administración, ya que quien tenga deudas con la Seguridad Social y carezca de solvencia económica y empresarial no puede hacerlo...y en su caso es obvio que se dan ambos requisitos. Y segundo porque el pliego de condiciones de la concesión administrativa deja bien claro que la comisión de faltas muy graves por el concesionario es causa de revocación de la concesión. Y García Lamarca ha batido el record de faltas muy graves por unidad de tiempo.

Es verdaderamente penoso que, para luchar por sus hijos, los padres de Totana deban enfrentarse no ya al individuo que ha convertido unas excelentes guarderías en pocilgas, sino contra el Ayuntamiento que le protege para ahorrarse unas perras que permitan subir aun más el sueldo de la alcaldesa y de la secretaria municipal, a cual más alto. Pero están dispuestos a hacerlo y piensan seguir hasta el final.

Pueden corroborar toda la información en el dossier recopilado aquí http://tribunadeljurista.foroes.net/t2869-escandalo-en-la-externalizacion-de-las-guarderias-municipales-de-totana-comida-podrida-para-los-peques-y-despido-de-sus-profesoras-por-oponerse-a-la-situacion-ved-los-antecedentes-del-gestor-de-las-guarderias

Información sobre los casos de la Asociación

Estamos actualizando la información de los casos en trámite, contacta con nosotros si quieres denunciar alguna irregularidad en tu zona.

Cómo hacerte socio

En breve colgaremos toda la información necesaria para que puedas hacerte socio de ATRAPA y colaborar para combatir la corrupción, los abusos de poder y la ilegalidad en la Región de Murcia.

Asociación por la Transparencia Política y Administrativa

ATRAPA (Asociación por la Transparencia Política y Administrativa) surge como una iniciativa sin ánimo de lucro y de ámbito autonómico con el fin de combatir la corrupción usando todos los instrumentos legales a nuestro alcance, amparando a sus víctimas y difundiendo de todas las formas posibles la lacra que supone para la sociedad la falta de transparencia política en la Región de Murcia. Queremos combatir la corrupción, pero a la vez buscamos provocar en la ciudadanía una verdadera toma de conciencia sobre el problema de la corrupción que no ha hecho otra cosa que extenderse, sobre todo estos últimos años, en nuestra Región.

Para la consecución de sus fines ATRAPA podrá presentar querellas contra aquellas personas o entidades que presuntamente estén implicadas en casos de corrupción así como participar en aquellos procedimientos ya iniciados mediante la acción popular, divulgando a la vez los casos de corrupción o mala praxis política.

Asimismo, una parte importante de nuestra actividad se basará en la promoción de campañas reivindicativas con la convocatoria de protestas y la organización de conferencias y debates que versarán sobre la corrupción, el nepotismo y el oscurantismo reinante en la política y en la Administración regional, proponiendo alternativas y aportando posibles soluciones.

La asociación ATRAPA aspira a convertirse en un instrumento potente que alce su voz contra la tiranía del oscurantismo imperante en nuestra Región denunciando todos los manejos de los políticos y de las Administraciones que buscan satisfacer sus intereses espurios a costa del interés general. Para ello invitamos a todas aquellas personas que de una manera altruista quieran unirse como socios participando en este movimiento de denuncia. ¡Por una Murcia libre de corrupción!